Las estafas en la asesoría de protección de datos se disparan

Los expertos del sector detectan 53 firmas que amedrentan a las pymes con las elevadas con las elevadas multas que impone la AEPD y ejercen malas prácticas. Incluso se ha detectado desviación de fondos de formación.

El miedo a las elevadas multas que impone la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que pueden llegar hasta los 600.000 €, está provocando que las empresas se agarren a un clavo ardiendo para cumplir con la normativa. Sucede sobre todo con las pymes, convertidas en dianas de quienes quieren hacer negocio con la estricta ley de protección de datos (LOPD) Española.

Los expertos del sector han identificado hasta 53 empresas que realizan prácticas de dudosa legalidad en esta materia, y que se están excediendo sin que, según afirman, se tomen las necesarias medidas al respecto. Una de estas conductas denunciadas consiste en la extorsión a pymes advirtiéndolas que serán denunciadas ante la AEPD en caso de que no contraten sus servicios de asesoramiento.

Tal como y han explicado a este periódico el procedimiento es el siguiente: estudian que empresas de la zona no tienen inscritos sus ficheros conforme a la ley y, posteriormente, ofrecen un servicio de asesoramiento con la amenaza de ser denunciados en caso de no contratarlo.

En estos casos lo habitual es que las empresas oferentes simulen mantener una relación oficial con la AEPD. Para ello, registran dominios o incluyen en sus páginas web imágenes corporativas de la Agencia que llevan a confusión a los usuarios.

La propia Agencia en junio, afirmó ser consciente de este problema, y se comprometió a analizar que le llegaran al respecto.

Existen más riesgos

Sin embargo, no es el único riesgo que corren las pymes en materia de privacidad y cumplimiento normativo. La última tendencia detectada por el sector consiste en lo que llaman “LOPD a coste 0”. Según la asociación profesional española de privacidad (APEP) “consiste esencialmente en un desvío directo o encubierto de fondos de formación que acaban financiando servicios de consultoría”. Esta asociación advierte de que suele tratarse de empresas que se dedican exclusivamente a este tipo de prácticas sin ser profesionales en la materia y sin un seguimiento posterior que realmente ayude a la buena implantación de la normativa.