El mecanismo utilizo habitualmente consiste en “desarrollar tareas de asesoramiento e implantación de procedimientos para el cumplimiento de la LOPD que se facturan como formación con cargo a los fondos que gestiona la fundación tripartita o que simplemente se ofrece regalar”.
En este sentido, ya se han dado casos en los que la inspección de trabajo a sancionado a las empresas que han recibido este asesoramiento a cargo de los fondos previstos para formación. En un acta de inspección a la que se a accedido EXPANSION, se afirma: “los argumentos comerciales de la entidad formadora consisten en comunicar a las empresas la obligación de adaptarse a la ley orgánica de protección de datos, amedrentándolas con el alto importe de las sanciones que pueden recibir en caso de incumplimiento. Luego se les ofrece una implantación de la ley sin coste, con cargo a las bonificaciones en las cuotas de la seguridad social que ingresan las empresas establecidas para la formación”. Todas estas conductas denunciadas implantan 3 posibles riesgos: una competencia desleal que amenaza al sector de profesionales acreditados; el peligro para la empresa por un posible asesoramiento de baja calidad, y el desvío de fondos de formación para otros fines.
Todo ello hace que los expertos propongan medidas para proteger tanto a asesores como a empresas. Así, Ricard Martínez, presidente de la APEP, cree que es “indispensable un código ético” en este campo. Además, “se ha planteado la posibilidad de incorporar en perfil de los profesionales de la privacidad como una figura necesaria”.
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